Javier Milei, en modo electoral

El Gobierno, Javier Milei y la política en general ingresaron plenamente al “modo electoral”. Si bien los políticos están en campaña constante y es inimaginable pensar en la toma de decisiones sin tener en cuenta el impacto que pueda tener en los votos, los comicios suman un factor: cuando son inminentes, ese espíritu se refuerza, y campos ajenos al escenario electoral se ven dominados por la misma lógica de persecución del voto.

El oficialismo atraviesa, por muchas razones, un muy buen momento político. Si uno observa los objetivos que se trazó Milei al llegar al poder y los confronta con lo que ya logró -con independencia de que esos objetivos a la ciudadanía les parezcan buenos o malos-, obtiene resultados en aquello se propone. Cumple con lo que había prometido. Y eso se refleja en el clima público.
Así lo muestra el Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Di Tella. El índice, que va de cero a cinco, hoy se ubica en 2,45. Tuvo una variación de 4,9% respecto de la medición anterior de junio, por lo que mejoró y se encuentra estabilizado. Importa señalar algo: quienes estudian la opinión pública afirman que la gente va a las urnas con una memoria de tres a seis meses. El promedio de Milei, en lo que va de su gestión, es de 2,50, superior al de Nestor Kirchner (2,49), Cristina Kirchner (1,71 y 18,83), Mauricio Macri (2,27) y Alberto Fernández (1,69) durante sus presidencias.
Un gráfico elaborado por el economista Fernando Marull analiza el mismo índice, al que llama “Luna de Miel”, pero pone el foco únicamente en julio (mes 19 de gestión) y equipara con los demás mandatarios. Milei está mejor que nadie: 49%. Debajo se encuentra Mauricio Macri (45%) y Alberto Fernández y la segunda presidencia de Cristina Kirchner (34%). En último lugar, el primer mandato de la expresidenta, con 25%. Habrá que ver si, como le pasó a Macri, el porcentaje de Milei sigue subiendo hasta las elecciones.
Esto es lo que cree el Gobierno. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, cree que van a estar en el orden del 41 al 45% en materia de votos. Es una elección impresionante, más que nada por sus consecuencias institucionales. Podrían ver, en el mejor de los casos, un bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA) de 90 legisladores. Les daría un importante margen de maniobra, a pesar de no tener la mayoría, es decir, el manejo del quórum.

El buen momento de la administración Milei se debe a la baja de la inflación, liberación del cepo con estabilidad cambiaria y ordenamiento del espacio público. Hay también una alianza explícita y enfática con el sector agropecuario, espacio dinámico y ligado al antiperonismo, reforzada con la baja de retenciones que anunció el Presidente el sábado. Y después dos aspectos menos concretos y más abstractos. Uno lee en los diarios medidas que para un sector de la población son desagradables. Caída del salario del sector público, despidos en el Estado, reducción del déficit fiscal por la vía de la baja del gasto público, que afecta a las jubilaciones y subsidios por discapacidad. Hay un ángulo desde el cual mirar desde el que uno podría decir: “Todo eso merecerá un castigo en las urnas”. Pero no necesariamente es así.

Hay una consigna que se repite en las redes sociales. “Esto es lo que yo voté”, dicen los seguidores de Milei. “Está cumpliendo con el ajuste, la receta que nos había prometido y lo que queríamos”. Eso le da una base firme de adhesión. Aun así, no todos los que lo votaron están tan convencidos. También hay desencanto. Igual hay que hacer un cambio a nivel mental: muchas medidas que eran consideradas desagradables, hoy para un sector de la sociedad argentina son convenientes.
El otro problema y signo de esta época: aún para quienes ven estas novedades como antipáticas, todavía la “agenda negativa” no fue politizada. En el buen sentido. No aparecen figuras novedosas, que no estén ligadas al pasado, capaces de convertir esa agenda en algo interesante, que atraiga el voto y seduzca. Gran parte de la mejora que encarna Milei también tiene que ver con un vacío de la oposición.

Todo esto constituye la base de un Gobierno que entra al tramo final de la campaña con índices muy positivos. Existe algo técnico desde el punto de vista de la política, pero que todos los que analizan o asesoran en campañas electorales recomiendan: mantenerse firme en la obsesión. No vacilar en lo que representa el producto que uno vende. En esto Milei es muy consecuente. La idea del equilibrio fiscal o de ordenar las cuentas públicas es algo que no negocia, lo que nos ilumina la escena del Congreso y los vetos a los que apuesta el Presidente, frente a temas tan indiscutibles como una mejora en las jubilaciones y la protección de los subsidios para la discapacidad. O más discutibles, como la moratoria previsional, que ha destruido el sistema. El Gobierno cree que va a conseguir un tercio de la Cámara de Diputados que le permita resistir a los que insistan con estas leyes.
Hay es una duda que debe estar trabajando la cabeza de la oposición, y que pone en jaque a Unión por la Patria. ¿Les conviene conseguir el quórum para discutir el veto si después el veto se va a convalidar? Eso se presentaría como una derrota. El oficialismo está en condiciones de sostener el veto también por una cuestión electoral. La alianza que sella en la provincia de Buenos Aires con el Pro obliga a muchos diputados a cambiar su voto y defender al Gobierno. ¿Qué hará María Eugenia Vidal? ¿Se seguirá absteniendo al igual que otros ocho diputados?

Lo que se discute es el costo fiscal de estas medidas. Hay una discusión entre el Poder Ejecutivo, que ve algunos números, y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que los analiza de otra manera. La reforma previsional, que implica un 7,2% de aumento más un bono, significa para el Congreso el 0,3% del PBI en 2025. Desde el Ministerio de Economía alegan que representa el 0,9% -el triple-. Hay diferencias. Hay dos bibliotecas. En relación a 2026, la OPC dice que será de 0,7% y Economía de 1,3%. Si nos detenemos en la moratoria y la prestación universal para adultos mayores, para el Congreso sería del 0,09%. La cartera que lidera Luis Caputo, curiosamente, calcula un impacto menor: 0,04%. En 2026, sería del 0,1% y 0,2% respectivamente. En materia de discapacidad, tanto el Parlamento como el Ministerio de Economía coinciden en la cifra del 0,4%. Diferente es respecto del 2026: 0,4% para el Parlamento y 0,8% para Economía -el doble-. En resumen, para el Congreso, el paquete de leyes tendría un costo del 0,8% y 1,2% del PBI en 2025 y 2026 respectivamente. Para el Ministerio de Economía, se sitúa en 1,4% y 2,3%.
Una aclaración: aún para la oficina del control parlamentario del Congreso, los recursos que propone la oposición para estos aumentos no llegan a cubrirlos. El Gobierno tiene derecho a decir ‘me están produciendo un gasto adicional y no me dan los recursos’.

Es una negociación complicada. Está asociada además con el sostenimiento del veto en relación con los gobernadores. El vínculo con los jefes provinciales es complejo ya que se cruza con lo electoral. El Gobierno compite con el peronismo y, a la vez, necesita del peronismo para obtener gobernabilidad desde el Congreso. Es un dilema de cómo manejarse: con los gobernadores, pensando en el Parlamento, o contra los gobernadores pensando en ganar las elecciones en las provincias.

Esta negociación complicada se va a notar especialmente cuando se tenga que tratar en Diputados las leyes que los gobernadores promovieron en el Senado. Básicamente, el reparto del impuesto de la reforma del impuesto a los combustibles y, sobre todo, la idea que tienen los gobernadores de repartir parte de los ATN de manera automática con los índices de coparticipación. Habría que pensar que acá el Gobierno está cerca de decir: “El impuesto a los combustibles no se toca, pero estaríamos dispuestos a abrir un juego con las provincias para que esos ATN —que en realidad están pensados en la ley de coparticipación como un recurso que maneja exclusivamente el Poder Ejecutivo para emergencias— se puedan discutir”. Bueno, ya no lo manejaría el Poder Ejecutivo, tampoco sería para emergencias, sería para gasto corriente. Aparece algo que sugirió Sturzenegger: se modifica la ley de coparticipación.
Fuente: La Nación